La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados inició esta tarde la revisión del proyecto de reforma constitucional para realizar un segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP, en el contexto de la pandemia del coronavirus, y contó con la presencia de la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quien criticó la iniciativa.
La moción es promovida por los diputados Pamela Jiles (PH), René Saffirio (independiente) y Karim Bianchi (Independiente), y pretende un retiro exento de impuestos, con un tope de 150 UF y un mínimo de 35 UF. En caso de que haya menos de ese piso, le proyecto establece la posibilidad del retiro total de los fondos.
“Nosotros, como ministerio del Trabajo, creemos que tenemos que seguir avanzando en una reforma previsional que asegure mejores pensiones”, señaló la ministra Zaldívar.
La secretaria de Estado dijo que si bien coincide en la necesidad “de que existan los mecanismos para que las familias tengan la posibilidad de salir adelante”, cuestionó que un segundo retiro del 10% “va en la dirección contraria al fortalecimiento de un sistema de seguridad social, especialmente en materia de pensiones, debilitando el pilar contributivo de nuestro sistema y afectando las futuras pensiones de los afiliados".
Zaldívar explicó que en el primer retiro de fondos previsionales, que materializaron más de 9 millones de cotizantes, un 20% ya sacó todo su capital.
La ministra advirtió que, tal como criticó el Gobierno en el primer proyecto aprobado, al estar exento de impuestos el proyecto podría beneficiar a los más altos ingresos, ya que -explicó- son los que seguramente mantienen más fondos luego del primer retiro y quienes, presumiblemente, han sufrido menos los embates económicos de la pandemia. En ese sentido, advirtió que esas personas podrían retirar un nuevo 10% solo con el fin de depositarlo como Ahorro Previsional Voluntario con el fin de tener un beneficio tributario que iría en desmedro de políticas sociales para los más necesitados.
"Estarían percibiendo un beneficio financiado por todo el reto, estatal, de más de $3 millones, 1,5 millones por cada retiro. Y ese beneficio es a costa de todos los chilenos. Es decir, el Estado va a estar dejando de percibir impuestos que nos podrían haber servido para financiar a personas de mayor vulnerabilidad", afirmó.
NARANJO: “NO VA A QUEDAR OTRA ALTERNATIVA”
Entre los diputados que hicieron uso de la palabra, Pamela Jiles, promotora de la iniciativa, aseguró que con el primer retiro se logró “salvar vidas”, afirmando que “el Gobierno en esta oportunidad no puede decir que se va a incendiar Chile o que es un proyecto regresivo. Hasta los dueños de los bancos han felicitado el efecto que produjo en la economía el primer retiro".
A su vez, el diputado Jaime Naranjo (PS), quien en un principio se mostró reticente al proyecto, señalando que los ahorros previsionales no podían convertirse en un cajero automático -cita por la que fue emplazado por Jiles en la sesión- se mostró llano a seguir adelante con la iniciativa.
"Para ser claro y precisos, si el Gobierno no mejora las condiciones económicas a través de los programas sociales, no va a quedar otra alternativa que tener que echar mano a estas otras alternativas, como que se abra la posibilidad de un segundo retiro (…) La decisión va a estar determinada por lo que el Gobierno haga o no haga", expuso.
Tras el debate iniciado, el presidente de la instancia legislativa, diputado Matías Walker (DC), informó que invitarán a la próxima sesión al presidente del Banco Central, Mario Marcel, y a Osvaldo Macías, Superintendente de Pensiones.