El Juzgado de Garantía de Copiapó ordenó la medida cautelar de prisión preventiva contra el concejal de Tierra Amarilla Boris Pérez Espinoza (Partido Comunes), quien está imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos reiterados de fraude al Fisco y cohecho pasivo.
En la audiencia de formalización, realizada hoy, el magistrado Ubaldo Basoa Oviedo ordenó el ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó del imputado, por estimar que su libertad “constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”.
Además, el juez fijó como plazo de la investigación hasta el 30 de noviembre próximo.
Según el ente persecutor, el concejal y el alcalde suspendido de Tierra Amarilla, Mario Morales Carrasco -quien se encuentra formalizado en causa diversa- se concertaron para defraudar a la municipalidad, a través de maquinaciones para obtener sumas de dinero por concepto de prestación de servicios inexistentes o ficticias, ocasionando un perjuicio por una suma superior a los 15 millones de pesos.
Para ello, contactaron al arquitecto D.D.A., contratado a honorarios en el municipio para cumplir funciones en la Secretaría Comunal de Planificación, y bajo la amenaza de poner término a su continuidad laboral, le solicitaron beneficios económicos, lo que fue aceptado por el profesional.
Para ello, Morales y Pérez solicitaron al entonces administrador municipal, A.M.G., la modificación del convenio a honorarios de D.D.A. para aumentar sus honorarios mensuales de $1.300.000 a $3.100.000, desde diciembre de 2018 hasta febrero pasado, sin que existiera fundamento para dicho incremento.
El objetivo del aumento en la remuneración, según la fiscalía, tenía como único fin el traspaso de dicho monto a Morales y Pérez, lo que D.D.A. realizó en dependencias de la Municipalidad de Tierra Amarilla entre febrero de 2019 y marzo pasado, por una cifra total de $15.168.850 en dinero en efectivo.
La audiencia fue asumida por el fiscal de la especialidad de delitos económicos de la fiscalía de Copiapó, Luis Miranda Flores.
En su exposición, el fiscal dio cuenta de prueba documental que ya forma parte de la carpeta investigativa de este caso, además de conversaciones vía WhatsApp e interceptaciones telefónicas, material que evidencia el actuar irregular del concejal detenido.
Cabe señalar que el Consejo de Defensa del Estado actúa como querellante en la causa.