El Ministerio Público abrió siete investigaciones penales para determinar si los camioneros convocados a movilizarse por la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) infringieron la ley Antibarricadas, al interrumpir el libre tránsito de vehículos en distintas carreteras de Chile desde la medianoche de ayer, cuando comenzó la paralización.
Según La Tercera, fue el propio fiscal nacional, Jorge Abbott, quien envió un oficio a siete fiscalías de las regiones Metropolitana Occidente, Valparaíso, Maule, Ñuble, Biobío, Los Ríos y Los Lagos, zonas donde se habrían confgurado los ilícitos, según registros audiovisuales a los que accedió el Ministerio Público.
Cabe recordar que ayer, el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, emplazó a Abbott, así como a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a atender las demandas de los camioneros, que están solicitando mayor seguridad en las vías del país.
Ayer, también, el diputado DC Gabriel Ascencio solicitó a la fiscalía perseguir penalmente a quienes han obstaculizado e libre tránsito en las carreteras, en una acusación donde adjuntó videos.
Esta mañana, en tanto, el ministro de Salud, Enrique Paris, se manifestó “preocupado” ante la forma en que los camioneros han llevado a cabo su movilización “porque he recibido información de que han habido desvíos de ambulancias, atrasos en la llegada de los funcionarios, hay médicos que han reclamado porque no han podido llegar a su lugar de trabajo".
Sin embargo, ayer el ministro del Interior, Víctor Pérez, hizo un positivo balance de la primera jornada del paro de camioneros, el que consideró “pacífico” y añadió que “no me atrevería hablar de caos ante los retrasos” (en las carreteras).
Las interrupciones en las vías las calificó de “transitorias” y al ser consultado sobre porqué no se había realizado procedimientos en contra de quienes estaban en las calles durante el toque de queda, señaló que “estamos en un conflicto, por lo tanto, el manejo es resolver el conflicto y no agravarlo”.
QUÉ DICE LA LEY ANTIBARRICADAS
Publicada por el Diario Oficial el 30 de enero de este año, a tres meses del inicio del estallido social, la ley Antibarricadas modificó aspectos del Código Penal.
Según informó en esa oportunidad el Gobierno “la nueva ley sanciona a quienes, mediante violencia o intimidación o la instalación de obstáculos levantados en la vía, interrumpan la libre circulación, con una pena de 61 a 540 días de presidio. La misma pena se aplica a quienes interpongan vehículos en la vía (sin mediar desperfectos mecánicos) para hacer imposible el tránsito”.
Aquella vez, el ministro del Interior de entonces, Gonzalo Blumel, destacó que “hoy entró en vigencia la Ley Antisaqueos y Antibarricadas, fue publicada en el Diario Oficial, y en consecuencia la Fiscalía y los tribunales tienen más herramientas para sancionar estos gravísimos delitos contra los desórdenes públicos”, sostuvo.
La ley Antibarricadas surgió tras una moción de los diputados Gonzalo Fuenzalida y Marcela Sabat (RN), Miguel Ángel Calisto, Gabriel Silber y Matías Walker Prieto (DC).