En el marco de una investigación por presunto fraude al fisco, el fiscal Cristian Aguilar, encargado del caso, ha ordenado una serie de diligencias que han implicado la incautación de teléfonos móviles y documentación relevante. La pesquisa, que se desarrolla de manera desformalizada, se centra en las compras millonarias realizadas por el Estado durante los primeros meses de la pandemia en 2020, específicamente en relación con la adquisición de cajas de alimentos.
El fiscal Aguilar, junto a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI), llevó a cabo una intervención en las oficinas de la Delegación Presidencial Regional, para incautar documentación y archivos digitales relacionados con el período en que Edgar Blanco se desempeñó como intendente. Blanco, militante de Renovación Nacional, ocupó diversos cargos en el gobierno durante la segunda administración del presidente Sebastián Piñera, incluyendo seremi de Obras Públicas, intendente y subsecretario de Minería.
La Fiscalía Regional, encabezada por el fiscal Juan Castro Bekios, ha dado a conocer que las diligencias se realizaron con el objetivo de esclarecer posibles irregularidades en las compras de alimentos. Según informes de Contraloría, algunas de las empresas beneficiadas con los contratos de compra cambiaron su giro o fueron creadas días antes de ser contratadas para la provisión de cajas de alimentos. Estas acciones han sido cuestionadas debido a la falta de experiencia de las empresas en la provisión de dichos productos, lo que ha generado sospechas sobre la transparencia de los procesos de adjudicación.
Durante el procedimiento, se requisaron los teléfonos móviles del exintendente Blanco y de los representantes legales de dos empresas que recibieron contratos para las compras de alimentos. Las diligencias se llevaron a cabo en las ciudades de Antofagasta y Santiago, con el objetivo de obtener evidencia que permita esclarecer los hechos investigados. El fiscal regional Castro Bekios ha señalado que estas acciones forman parte de un esfuerzo más amplio para abordar casos de corrupción y asegurar que las investigaciones se resuelvan en el menor tiempo posible.