A medida que el 2023 se acerca a su fin, la pequeña minería en la región de Coquimbo se encuentra en una situación crítica. La continuidad de su labor está en juego debido a la falta de recursos, siendo necesarios más de $1.000 millones para el próximo año. La firma de la gobernadora Krist Naranjo es el último eslabón necesario para que el proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) prosiga en 2024, manteniendo viva la actividad minera artesanal en la región.
La diputada Carolina Tello (PC) ha hecho un llamamiento urgente al Gobierno Regional para acelerar el proceso, destacando la importancia de no dejar desaparecer la minería artesanal, un pilar fundamental en la economía regional. La Contraloría, por su parte, ya ha autorizado los fondos a principios de diciembre, asegurando que no existen obstáculos para su liberación. "El proceso, que ha tomado más de 10 meses, ha dejado a la pequeña minería sin recursos para 2024", señaló la parlamentaria, haciendo hincapié en la necesidad de medidas de seguridad y certificación para los mineros.
La seremi de minería, Constanza Espinoza, también ha expresado su preocupación por la situación. Con casi 4.000 faenas mineras en la región, muchas de ellas artesanales o irregulares, el apoyo gubernamental es esencial para garantizar un trabajo más regularizado y seguro. "Es crucial que la firma se realice antes del 31 de diciembre, de lo contrario, los mineros de la región no recibirán el apoyo necesario", advirtió Espinoza. Además, se planea que el 50% de estos recursos se destine a la reapertura de oficinas provinciales para asistir a los mineros, mientras que la otra mitad se enfocará en mejorar la seguridad y la producción en las minas.
Desde hace más de dos años, la Secretaría Regional Ministerial de Minería ha estado esperando desbloquear los recursos del FNDR para reactivar la cobertura territorial completa del Ministerio y brindar apoyo a los pequeños y medianos mineros. De las más de 4 mil faenas en la zona, la mayoría son artesanales o irregulares. Tras superar todas las instancias técnicas necesarias, como la Dirección de Presupuesto e Inversión (Dipir) y la Dirección de Planificación y Desarrollo Regional (Diplade), y contar con la aprobación de la Contraloría General de la República, sólo falta la firma de la gobernadora para la liberación de los fondos.
Constanza Espinoza, seremi de Minería, reiteró la importancia de estos fondos para el apoyo y regularización de la actividad minera en la región. "Los $1.598 millones serán vitales para reabrir oficinas provinciales y brindar apoyo directo a los mineros", explicó. La situación en Coquimbo destaca la necesidad urgente de acción gubernamental para asegurar el futuro de la pequeña minería, un sector crucial para la economía y el patrimonio cultural de la región.